Benito Díaz
El mercado del cannabis terapéutico sigue siendo de difícil o imposible acceso para pequeños productores y campesinos colombianos. Después de la regulación en 2016, el gobierno ha abandonado a estos cultivadores, en favor de grandes empresas multinacionales, capaces de solventar las trabas administrativas y económicas que la ley exige para la siembra de cannabis de uso medicinal.
El gobierno de Juan Manuel Santos llevó a cabo en 2016, una regulación sin precedentes en el país sudamericano, motivada por feroces enfrentamientos que habían llevado a Colombia a una crisis marcada por la violencia y los atentados. La Guerra contra las Drogas llegaba a su fin, regulando los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución, comercio, uso y posesión de semillas y plantas de cannabis, destinadas a uso médico y científico.
En la actualidad, las barreras de acceso a este mercado han lastrado las esperanzas de productores medios y pequeños. Dificultades para el acceso a financiación, inseguridad en los territorios controlados por la guerrilla y grupos del crimen organizado, falta de infraestructuras públicas, mala comunicación, son solo algunos de los problemas resaltados por las voces críticas de aquel país.
Esperanzas imposibles
La tenencia de la tierra es uno de los problemas más arraigados en Colombia, como explica Cruz, investigador del grupo DeJusticia, en declaraciones al diario El País: “Cada licencia se otorga para un determinado predio, que debe además cumplir con una serie de requisitos, incluyendo claridad en sus dueños”, afirma Cruz, que recalca que las irregularidades en estos aspectos suelen ser habituales.
Los pequeños cultivadores, que vieron oportunidad en la posibilidad de cultivar hasta media hectárea de cannabis medicinal, tuvieron problemas más tarde cuando el siguiente ejecutivo, presidido por Iván Duque en 2021, que emitió un decreto por el cual ya no importaba el tamaño del terreno, sino la inversión de capital. Las personas ya apuntadas en la lista para obtener una licencia, tuvieron que repetir el via-crucis administrativo previo, con presentación de planes de cultivo, seguridad, pagos a profesionales, semillas registradas y autorizadas, infraestructuras fijas y evaluaciones certificadas por peritos agrónomos.
Las licencias, que pueden ser de varias clases, se deben solicitar en tiempo y forma, por separados y contemplando la actividad que se quiera lleva a cabo, por ejemplo, cultivo de Cannabis con THC, Cannabis CBD, fabricación de derivados o cultivo para la recolección de semillas.
En la suma de estos gastos, un productor normal puede llegar a invertir hasta 20 millones de pesos, alrededor de 45.000 euros. Además, hay que sumar el precio de estas licencias, que en el caso del cannabis psicoactivo es de 39.030.488,04 pesos (8.859,2741 euros) y en el caso del no-psicoactivo, de 13.321.542,12 pesos (3.023,7693 euros). La fabricación de derivados, más de 27 millones de pesos. Huelga decir que, para un productor medio cuyo ingreso medio mensual es de 354,031 pesos al mes (0.08037 euros), conseguir estas licencias es algo inalcanzable.
Inseguridad y falta de infraestructuras
A estas condiciones que ningunean al campesinado colombiano, hay que sumar la intervención en departamentos agricultores de grupos armados, como los restos de la guerrilla de las FARC, ahora FARC-EP, los últimos del Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares controlados por organizaciones narcotraficantes, que llevan a cabo sus actividades en la jungla. La inseguridad contagia a los peritos agrónomos, que deben desplazarse a lugares lejanos por carreteras y caminos desatendidos por la administración o incluso inexistentes.
Los problemas de financiación para este tipo de actividades, han sido frecuentes. Hasta este mismo año, ningún banco otorgaba créditos a cooperativas o asociaciones de cultivadores para el Cannabis Medicinal, se supone, por temor a intervenciones o sanciones por parte del mercado estadounidense. El miedo también bloqueó las inversiones extranjeras para estas entidades.
Colectivos de productores indígenas, han reivindicado la posesión comunitaria de las tierras, aspecto no observado por la actual regulación. Para otros campesinos de zonas diversas del país, es más rentable continuar en la ilegalidad, salvando todos estos obstáculos y dejar de lado los cultivos legales, como el café.
Alfombra roja para multinacionales
Las grandes empresas del cannabis internacional, han hundido sus tentáculos en la tierra de Colombia desde el principio de la regulación. Los problemas de dinero que pueden acuciar al campesinado, no son ningún problema para el gigante Cleaver Leaves. Fuentes de Cleaver Leaves, aseguran que la empresa ha invertido entre 60 y 80 millones de dólares en Colombia desde 2018. Estas prebendas tendrían como resultado unos beneficios de más 226 millones de dólares a nivel global en cuatro años. Esta empresa produce cannabis de uso medicinal tanto en colombia como en otros países, como Portugal.
Farmacéuticas y otras grandes empresas, pueden salvar sin problemas los obstáculos económicos para obtener licencias de cultivo en Colombia y desarrollar programas para asegurar la seguridad necesaria en las plantaciones, con amplios protocolos sanitarios y de formación trabajadora, como han demostrado en reuniones de la industria.
Declaraciones del presidente Gustavo Preto
El nuevo presidente de la república, Gustavo Preto, que ha incluido entre sus promesas una nueva regulación del Cannabis, declaró hace escasas fechas su deseo de terminar con la prohibición y los problemas ocasionados por ella. “¿Y qué pasa si se legaliza el cannabis sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papas. Vamos a ver si se exporta esto y nos ganamos unos dólares, porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis? ¿O van a ser los campesinos de cannabis del Cauca, que no pueden ahora?”, afirmaba en un encuentro con productores del departamento de Cauca.
Promesas para el pueblo colombiano, desangrado, asfixiado, torturado y exhausto, por la traición sistemática de gobiernos corruptos, sistemas judiciales a sueldo y violencia derivada de la prohibición, una bestia que se sacude proyectos de legalización y derechos humanos como si fueran pulgas, mientras come de la mano de empresas millonarias.