Arnau Alcaide
«Actuando de conformidad con el otorgamiento de autoridad […] de la Constitución de los Estados Unidos, yo, Joseph R. Biden Jr., por la presente otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los actuales ciudadanos de los Estados Unidos y residentes permanentes legales que cometieron el delito de posesión simple de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas […]», se lee en el inicio del indulto registrado el pasado 6 de octubre, el documento oficial que fue acompañado del anuncio en vídeo del presidente.
La medida, recibida con entusiasmo, se estima desde la Casa Blanca que liberará a 6.500 personas de las prisiones federales, cifra que se corresponde solamente con el 6.5% de las 100.000 personas encarceladas en prisiones federales por delitos de drogas, principalmente posesión simple y con la preeminencia del cannabis, pese a la reducción en los estados que han legalizado. Para el grueso de las personas presas en cárceles de jurisdicción estatal o local, Biden ha solicitado a los estados iniciar el mismo proceso de indulto en un mensaje cuidado con referencias a la discriminación racial y la injusticia cometida con las personas usuarias que pretende el elevar en la agenda la medida.
El indulto discrimina a las personas sin papeles, migrantes previamente racializadas
En Estados Unidos, una de cada cinco personas presas lo está por un delito de drogas según la Alianza para la Política de Drogas. Además de las 100.000 presas en instituciones penitenciarias federales, 350.000 se encuentran en prisiones estatales o locales, así como en correccionales, centros de privación de libertad sobre los que no tendrá efecto el perdón presidencial. La redacción del perdón es excluyente para las personas sin papeles, aunque su delito sea el incluido en el indulto. «Este indulto no se aplica a las personas que no eran ciudadanos«, puede leerse a continuación. Pese a la retórica utilizada de corregir la discriminación racial de la política de drogas del cannabis, este matiz dejará fuera principalmente a personas migrantes, por lo que en cierta forma discrimina y excluye de nuevo a las personas racializadas del perdón.
El indulto «restituirá plenos derechos políticos, civiles y otros«, entre los que se cuentan en función del estado la imposibilidad de concurrir a la administración, la negación de la participación política como representante, la retirada de la posibilidad de votar en las elecciones o incluso, de los derechos más delicados de restaurar, la pérdida de la custodia de los hijos propios.
No cambia la ley que criminaliza el cannabis y a quien lo usa sin afectar a terceros
Cabe tener en cuenta que, a diferencia de en España, la posesión simple en Estados Unidos es considerada a nivel federal un delito, no una falta. Un estatus altamente contradictorio con la veintena de estados que han regulado y que Biden ha anunciado que estaría revisando, atajando las voces críticas que tachaban el perdón de incompleto por no reformular la ley y despejar la criminalización sobre la planta y quien la usa. Este es un conflicto territorial entre el Estado federal y los estados o regiones, pues mantienen la capacidad de decidir sobre el indulto en su sistema penitenciario estatal, y puede derivar en criterios desiguales para la concesión del indulto en función de la prisión o estado en la que te encuentres, diferencias que se han ido ampliando con las sucesivas legalizaciones.
No se perdonará la posesión simple de nada más ni el autocultivo o consumo en público
El perdón ocurrirá «independientemente de si han sido acusados o procesados por este delito en la fecha de esta proclamación o antes» y «restituirá plenos derechos políticos, civiles y otros». «Mi intención con esta proclamación es perdonar solo el delito de simple posesión de marihuana en violación de la ley federal […], y ningún otro delito relacionado con la marihuana u otras sustancias controladas. Ningún lenguaje en este documento se interpretará para perdonar a ninguna persona por cualquier otro delito, incluida la posesión de otras sustancias controladas, ya sea que se haya cometido antes, después o al mismo tiempo que el delito perdonado de simple posesión de marihuana. Este indulto no se aplica a las personas que no eran ciudadanos y no se encontraban legalmente en los Estados Unidos en el momento de cometer el delito», escribe el presidente.
Procedimientos de solicitud de indulto: «tan pronto como sea posible»
«De conformidad con esta proclamación, el Fiscal General, actuando a través del Abogado de Indultos, administrará y efectuará la emisión de certificados de indulto a los solicitantes elegibles que hayan sido acusados o condenados por el delito de posesión simple de marihuana en violación de la Ley de Sustancias Controladas […]. Se ordena al Procurador General, actuando a través del Abogado de Indultos, que desarrolle y anuncie los procedimientos de solicitud de certificados de indulto y que comience a aceptar solicitudes de conformidad con dichos procedimientos tan pronto como sea razonablemente posible. El Procurador General, actuando a través del Abogado de Indultos, revisará todas las solicitudes debidamente presentadas y emitirá certificados de indulto a los solicitantes elegibles a su debido tiempo«, explica el perdón del procedimiento que se seguirá.
Transcripción reducida del vídeo escrita en el Twitter presidencial
«Como he dicho antes, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Hoy, estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido. Permítanme exponerlos.
Primero: perdono todos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas previamente por posesión simple y que, como resultado, se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas. Mi perdón quitará esta carga.
Segundo: pido a los gobernadores que perdonen los delitos estatales simples de posesión de marihuana. Así como nadie debería estar en una prisión federal únicamente por poseer marihuana, nadie debería estar en una cárcel local o prisión estatal por ese motivo tampoco.
Tercero: Clasificamos la marihuana al mismo nivel que la heroína, y más grave que el fentanilo. No tiene sentido. Le pido al Secretario de Salud y al Fiscal General que inicien el proceso de revisión de cómo se clasifica la marihuana en la ley federal.
También me gustaría señalar que a medida que cambian las reglamentaciones federales y estatales, todavía necesitamos limitaciones importantes sobre el tráfico, la comercialización y las ventas de marihuana a menores de edad.
Enviar a personas a la cárcel por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas, por una conducta que es legal en muchos estados. Eso era antes de abordar las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena. Hoy, comenzamos a corregir estos errores».