Por Isidoro Marín Gutierrez
Después de haber escrito sobre la situación del cannabis en Brasil y Venezuela se me han encendido los ojos leyendo e investigando sobre la situación de Chile. En este país se debate la posibilidad de despenalización del uso de marihuana medicinal y autocultivo del cannabis. Pero lo mejor es que ya hay frutos positivos de esta lucha, como es el mayor cultivo de cannabis medicinal para toda Latinoamérica o la existencia de clubes de cultivo.
Así, Chile se abre al debate después de décadas de fracasos de políticas prohibicionistas en la llamada “Guerra contra las drogas”. Si queremos saber por qué en Chile hay un apoyo tan fuerte al cannabis debemos remontarnos a los orígenes y que en estas tierras se ha cultivado cáñamo por 472 años seguidos. No es algo ajeno a su cultura. Además han aprendido de su historia reciente a no buscar los radicalismos y encontrar lo pragmático.
El cannabis tiene una larga tradición en Chile, posiblemente la más larga de América ya que la producción de cáñamo para fibra se introdujo en el Valle de Quillota en 1545. La paz entre el Virreinato y las tribus indígenas a lo largo del río Biobío en 1641 produjo el establecimiento de campos de cáñamo en la zona aumentando su producción. El cáñamo era tan importante para la Corona española que los impuestos se podían pagar en cáñamo. Hubo un tiempo en que los campos de cáñamo se podían encontrar en casi todas las partes de Chile. Pero la industria del cáñamo se concentró cerca de las fábricas manufactureras hasta principios de 1980, después de este año la producción se desaceleró de forma constante.
En la década de 1940, el cannabis fue utilizado por los marineros estadounidenses en los burdeles de las ciudades portuarias de Antofagasta y Tocopilla. En la década de los años 60 fueron los hijos de los diplomáticos estadounidenses que la traían desde su país, pero su uso como sustancia recreativa se extendió muy rápidamente entre la juventud chilena que no tardó en darse cuenta que la marihuana era la misma que se hallaba en gigantescas plantaciones en los valles de los Andes chilenos.
Para 1971 se publicó el primer estudio sobre la marihuana en Chile. Su autor fue el psiquiatra Armando Roa Rebolledo (1915-1997), y su título: La marihuana. Aspectos clínicos y antropológicos. En el texto se indica que los nuevos consumidores son introducidos en el consumo de marihuana por un «líder, en general de mayor edad y que es, no rara vez, un homosexual masculino o una lesbiana«. Después de leer semejante estupidez es mejor, para nuestra salud psíquica no seguir leyendo.
Desde inicios de los años 80, cobró interés gracias a estudios que informaban que su consumo abarcaba todos los estratos sociales y cuyo denominador común seguía siendo el de la juventud. Mientras la preocupación de las autoridades y la percepción policial crecía, apareció un nuevo tipo de cannabis, el «Chilombiano«, nombre genérico para designar a aquellas variedades surgidas de semillas extranjeras plantadas en el país. Con la llegada de la democracia, 11 de marzo de 1990, se aumentaron las penas por tráfico y consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas. Paralelamente aparecía un nuevo tipo de traficante que comenzaba a importar la marihuana prensada desde Paraguay. A este preparado cannábico se le llama en Chile “Paraguayo”. Es la marihuana prensada y mezclada con elementos externos y tóxicos vendría siendo una especie de pseudo-hachís. Aunque Chile tiene alguna producción local, una gran cantidad de su cannabis es importada de vecinos, particularmente Paraguay y Perú.
La actual ley sobre drogas de Chile es la Ley de drogas de 2005. En 2008 Chile endureció sus leyes de tráfico de cannabis, con castigos equivalentes a los de cocaína y heroína, en respuesta al creciente consumo y presencia de cannabis importado de Paraguay. La Ley 20.000 en Chile vino a consolidar esta “guerra”, con el “objetivo” de defender la salud pública se dispone a partir de su primer artículo penas de cárcel a quienes elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. Pero en virtud de ésta misma ley, el uso justificado del cannabis medicinal no está penado por la legislación actual chilena, del mismo modo que el autocultivo de cannabis tampoco lo está. Según lo que explicita la Ley 20.000, la dispensación de cannabis en asociaciones está regulado en el Artículo 8, que establece la posibilidad de obtener autorización del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) para cultivo de cannabis para casos de consumo personal y fines medicinales.
La Ley 20.000 crea 85.000 detenidos al año, siendo la mitad de todos los detenidos por todos los delitos en Chile. De los cuales el 75% son pillados con tenencia o consumo en la vía pública. Esto demuestra que se está persiguiendo a los consumidores y no a los narcotraficantes que solo alcanzan el 16% de estas detenciones. Cerca del 44% de esos mismos detenidos portaba menos de un gramo de sustancias ilícitas, lo que no representa ningún tipo de tráfico. Esto provoca costes sociales enormes, se judicializan actos que no tienen relevancia penal, se estigmatiza a los consumidores de cannabis y eleva los presupuestos del Estado en este tema (jueces, policías, etc…).
En 2012, el senador del Partido Socialista Fulvio Fabrizio Rossi Ciocca admitió públicamente que era consumidor esporádico de cannabis gracias a sus amistades (vamos que ni practica el autocultivo ni recurre a trapicheros). Rossi aprovechó la ocasión para proponer cambios importantes a las leyes y políticas chilenas sobre el cannabis. También la Corte Suprema de Chile falló a favor de la psicóloga Paulina González Céspedes, juzgada por tener un cultivo colectivo de cannabis para fines rituales y espirituales del instituto Triagrama. A la salida del juicio Paulina afirmó: “con esta resolución se estableció que la persona que cultiva en la privacidad de su casa, para su propio uso o de forma colectiva, no está cometiendo un delito. Eso es lo que dice la Corte Suprema (…) Podemos seguir con nuestras actividades”. Otro fallo positivo fue el de Jendery Agullo Escobar con un cultivo de 40 plantas en la localidad de Alcohuaz, un sector rural del Valle del Elqui, para consumo propio.
En 2015, un proyecto de ley que permite a los chilenos cultivar hasta seis plantas por hogar por «razones médicas, recreativas o espirituales» pasó a la Cámara Baja del Congreso y luego pasó al Senado chileno para votar. Chile ha dado un paso más adelante con un proyecto de ley que prevé la legalización del autocultivo de cannabis. Con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de los Diputados aprobó legislar el proyecto de ley que prevé la modificación del Código Sanitario y de la Ley 20.000 con el objetivo de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y medicinal. Un proyecto que surgió de las movilizaciones y las opiniones de agrupaciones que trabajan en este tema. Discursos serios de los diputados a favor fueron de Kenneth Giorgio Jackson Drago (del partido Revolución Democrática), Karol Aída Cariola Oliva, Karla Elizabeth Rubilar Barahona, Marco Antonio Núñez Lozano o Vlado Mirosevic Verdugo (del Partido Liberal de Chile). El autocultivo está amparado pero lo que viene a hacer este proyecto de ley es definir esta legalidad para que no quede a disposición de un juez determinar si es personal o no el cultivo de cannabis. Esta ley determinará hasta qué cantidad es considerada consumo personal. Lo que propone este proyecto es un máximo de seis plantas por hogar o un metro cuadrado de cultivo de interior; una tenencia máxima de 10 gramos en la vía pública y de 500 gramos de tenencia por casa. La Comisión de Salud tendrá que volver a reunirse para revisar las indicaciones del proyecto. De ahí vuelve a la Sala para ser votado de nuevo y, si lo aprueban, pasa a la Comisión de Salud del Senado.
Cómo funcionan los clubes de cannabis medicinal en Chile
En 2014, los cultivadores con permiso comenzaron a plantar cannabis en Chile. En los últimos años la cantidad de clubes de cannabis han ido aumentando y se encuentran en todas las regiones de Chile. Estos Clubes de cannabis se conforman como personalidad jurídica y se están constituyendo como fundaciones o corporaciones. Estos clubes de cannabis se crearon para suministrar cannabis a enfermos con receta médica que no puedan cultivar, ya sea por cuestiones de espacio, conocimientos o porque la misma enfermedad se lo impide. En sus locales enseñan a cultivar y explican método de extracción de la resina. Estos clubes están creando estatutos de transparencia, para que sus asociados conozcan todos los gastos y comprueben que no existe lucro ni lavado de dinero. Estas fundaciones solicitan un aporte voluntario a cambio del extracto, para cubrir los costos de elaboración de la resina de cannabis. Este aporte es de hasta 9.000 pesos (14 dólares por gramo). Eso, en conjunto con la cuota de pertenencia a la corporación, que asciende a 12.000 pesos (18 dólares) al mes. Eso cubre los gastos que le permiten hacer análisis de selección de las cepas y variedades, y también los costos de producción. Estas asociaciones no están fuera de la normativa, pues la Ley 20.000 prohíbe el tráfico de estupefacientes, pero absuelve el autocultivo de cannabis, su consumo privado y con fines medicinales. Son, por poner algunos ejemplos, La ONG Latinoamérica Reforma, la Fundación de Apoyo Social Integral y Medicinal del Cannabis (Fasimc), la Corporación Dispensario Nacional o Latinoamérica Reforma.
El cannabis también sirvió para tratar casos de epilepsia refractaria (incontrolable) como el de Lucas Gabriel Riffo, que sufría hasta 300 convulsiones diarias. Sus padres, Jorge y Gabriela, le suministraron las medicinas para epilepsia tradicionales, pero no funcionó. Comenzaron a darle un aceite de cannabis hecho ilegalmente por ellos. Jorge explica que el cambio en la salud del bebé se percibió de inmediato. Se mantiene por cinco o seis horas sin convulsionar. Así que Lucas fue el primer bebé chileno en ser autorizado por un hospital (UCI Hospital Calvo Mackenna) para recibir oficialmente en su ficha clínica aceite de cannabis.
Chile cuenta con el cultivo de marihuana medicinal más grande de Latinoamérica. El proyecto de cultivo fue supervisado por la Fundación Daya, una organización local sin fines de lucro. La actriz y presidenta de la Fundación Daya es Ana María Gazmuri. La Fundación Daya está orientada a trabajar con medicinas naturales para disminuir el sufrimiento de las personas. Su intención es que todo el mundo tenga acceso a cannabis como medicina. La Fundación Daya recolectó cerca de 1,5 toneladas del cultivo. Fueron 6.400 plantas que se cultivaron en Quinamávida, a unos 320 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Una hectárea de plantas de marihuana perfectamente ordenadas. Los beneficiarios fueron 4.000 pacientes con cáncer, epilepsia y víctimas de dolores crónicos, como la artritis o esclerosis múltiple de los casi 20 municipios chilenos que aportaron a la financiación del proyecto. En este campo se cultivan 16 variedades que fueron resguardadas con diversas medidas de seguridad para evitar que las plantas fueran robadas: guardias las 24 horas, cerca eléctrica, alambre de púas, un perro, cámaras de vídeo y conexión directa con las dos oficinas policiales más importantes de esta zona agrícola.
La Fundación Daya contrató a 60 lugareños para trabajar en las labores de cosecha, que debían vestir un traje especial y utilizar guantes de goma. Cortan las matas, las limpian y las cuelgan en los techos de un cobertizo para esperar que se sequen. Cuando todo el cultivo estuvo molido, el laboratorio médico Knop lo trasladó hasta sus instalaciones, donde comenzó el proceso de investigación clínica. Es el primer fitofármaco basado en cannabis hecho en Latinoamérica. A pesar de no tener la regulación más avanzada, Chile está siendo pionero entre los países latinoamericanos en el tema de la regulación del cannabis. Y esperemos que continúe esa senda.
Fotografía: Meriwein