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La máscara mexicana

La máscara mexicana

Por Guillermo Veira

Diferencias entre la teoría y la práctica en el discurso del gobierno mexicano


Con la decepcionante Asamblea Especial de Naciones Unidas en materia de drogas realizada hace unas semanas, las conclusiones arrojan la dificultad que existe para un cambio en la política de drogas a nivel mundial. Si bien no hubo ningún avance en esa materia (más bien retrocesos) algunos países quisieron aprovechar el púlpito de Naciones Unidas para lanzar elocuentes discursos y erigirse (como anteriormente lo había hecho Uruguay) como líderes del cambio de política de drogas ante la opinión pública internacional. El gobierno mexicano, experto en el arte de la simulación, fue uno de lo que anunciaron su intención de iniciar cambios a nivel nacional sobre política de drogas. Su actual presidente: Enrique Peña Nieto, anunció las próximas reformas que su gobierno realizaría sobre este tema destacando los beneficios terapéuticos de esta medida. Un discurso reformista que destacaba por su enfoque garantista de los derechos humanos de la ciudadanía en general. Un discurso que hubiera sido recibido de forma optimista si su emisor hubiera sido cualquier otro gobierno. En el contexto actual escuchar al gobierno mexicano sobre derechos humanos sólo puede plantearse como una broma de mal gusto.

Nueva política de drogas

Algo que no quita que a raíz de este anuncio se hayan tomado medidas muy concretas en las últimas semanas en el pais azteca. El 21 de abril, días después del discurso en Naciones Unidas, Peña Nieto presentó un paquete de iniciativas de reforma en materia penal y regulación sanitaria. Concretamente el gobierno busca legalizar el uso terapéutico de la marihuana así como aumentar la tolerancia a la cantidad destinada a uso personal a 28 gramos, este último de forma retroactiva, lo que permitiría a muchas personas que actualmente están presas que pudieran salir de la cárcel. Si bien todavía no está aprobado esta iniciativa se suma a la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2015 autorizando el cultivo, transporte y consumo de cannabis a clubes de consumidores sin ánimo de lucro. Un cambio sustancial e innegable en el marco regulatorio mexicano que no sólo significa una apuesta clara por el cambio de política de drogas en el pais, sino también un modelo a seguir en la región, principalmente en los países centroamericanos. Una regulación que en cualquier pais con un estado de derecho efectivo y con el peso económico y la población de México significarían un paso fundamental hacia el cambio de paradigma mundial pero que al partir de un ejecutivo con los antecedentes del mexicano sólo nos invita a subir la guardia y esperar el contragolpe de un gobierno muy conocido por levantar cortinas de humo ante la opinión pública internacional antes de golpear con dureza y sin reparo derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El estado de (no) derecho

México es un país complejo con una historia compleja pero con una forma de gobierno simple que suele seguir una máxima: “El que no transa, no avanza”. Algo así como el que no gestiona para su propio beneficio no progresa. Quizás sea por eso que en una de las principales economías del mundo la brecha entre ricos y pobres sea también una de las más grandes del mundo. Es el país de Carlos Slim: hombre más rico del mundo según la revista Forbes, pero también el país donde el 50 por ciento de los niños y adolescentes viven por debajo del índice de la pobreza, según recoge la organización UNICEF en un reciente estudio. Es un pais ejemplarmente neoliberal, pero todavía no han sido capaces de privatizar la empresa paraestatal de petróleos mexicanos, PEMEX. Principal e histórico motor económico del pais que como el resto de instituciones sufre un gran problema de corrupción en su seno. Según un artículo de la BBC en febrero de 2015 el robo de combustible a la paraestatal aumentó exponencialmente en los últimos años. Si en 2012 se detectaron 1.550 sitios de extracción clandestina de la red de suministro, a finales de 2014 esa cantidad ascendía a 4.000. Sólo durante ese año fueron robados alrededor de 7,5 millones de barriles de gasolina. “La mayoría de los delitos son cometidos por el cartel de Los Zetas, que incluso ha vendido gasolina, fueloil y petróleo crudo a negocios de Estados, según datos del gobierno”, puntualiza la nota del prestigioso medio británico. Bajo este contexto quizás no sea la mejor opción poner bajo control del Estado el cultivo, la producción y la distribución del cannabis… ¿O quizás si?

Mal humor social

A veces (se) puede decir y leyendo algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá, en donde se dice: es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social”. Después de su sorprendente discurso, a su vuelta a México, Enrique Peña Nieto, presidente de la nación creyó importante denunciar el pesimismo de muchos de sus conciudadanos, y añadía:“Hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando”. Quizás el presidente quiso contestar de manera indirecta el discurso que su compatriota, el escritor Fernando del Paso, dio al recoger el premio Cervantes de la mano del rey Felipe VI el pasado día 23 de abril y del que extraemos un fragmento: “Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, lo abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza”. Del Paso pone sobre la mesa, de forma valiente, algo que muchos en su posición evitan mencionar. Y es la deriva del gobierno mexicano de una democracia con abundantes contradicciones hacia un régimen totalitario sin complejos. Una afirmación terrible que en el próximo artículo tendrá su fundamentación.

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