Benito Diaz
Más de 180 asociaciones nacionales y organizaciones no-gubernamentales internacionales han firmado un acuerdo para pedir más transparencia en las gestiones que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) está llevando a cabo en la redacción de una guía sobre el cannabis terapéutico. Según las organizaciones, se está realizando sin tener en cuenta a ningún agente de la sociedad civil y han elevado sus demandas ante la presidencia de la JIFE y la de la ONU. La votación histórica que alivió el control sobre la cannabis de las listas de sustancias fiscalizadas de la ONU ha dado lugar a un nuevo momento de oscurantismo por parte de los organismos rectores.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se define a sí misma como “órgano de supervisión independiente y cuasi-judicial de la aplicación de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas (ONU)”. Según estos detalles, fue establecida en 1968 en conformidad con la Convención Única de Estupefacientes de 1961, recordemos, el pacto que sustenta aún hoy la Guerra contra las Drogas y el pensamiento prohibicionista, incluso en nuestro país. La presidencia está ocupada en la actualidad por Jagjit Pavadia, ante quién se ha presentado una carta abierta, reclamando más transparencia y participación.
Carta abierta
El documento dirigido a las Naciones Unidas, que puede consultarse de forma íntegra aquí, comienza expresando preocupación por el desarrollo de las citadas directrices elaboradas por parte de la organización supranacional en torno al Cannabis Terapéutico y Medicinal. “Entre 2016 y 2020, se desarrolló un complejo proceso de múltiples partes interesadas: resultó en un acuerdo de los Estados miembros para modificar la clasificación del «Cannabis» y la «resina de cannabis» dentro de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, hace hoy exactamente un año. Los científicos, las poblaciones afectadas y los agentes no estatales pudieron participare informar del proceso en todo momento”, asegura el texto. “Por el contrario, desde 2020, la JIFE ha estado elaborando directrices en completa opacidad, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la legitimidad y el alcance del proceso, un mandato difuso y riesgos de conflictos de intereses. Aunque no son vinculantes, estas Directrices afectarán e influirán en el comercio y la producción de una medicina herbaria tradicional y una planta autóctona de muchas regiones del mundo, una planta autóctona de muchas regiones y tendrá un impacto directo en la vida de muchos de nosotros”. La carta afirma que las organizaciones firmantes luchan por la salud mundial, los derechos humanos y la sostenibilidad, reconociendo a su vez el papel de la JIFE. A pesar de ello, “creemos que la JIFE no debería determinar por sí sola-sin nosotros- el futuro económico, social, medioambiental y cultural de nuestras comunidades”, rememorando algunas ocasiones en el que el organismo ha realizado declaraciones contrarias a la regulación del Cannabis Terapéutico. Según el texto, la confianza depositada tras las votaciones del año pasado, se ve ahora amenazada por la iniciativa aislada de la JIFE.
Propuestas
La sociedad civil, por medio de estas misivas, recomienda a las organizaciones a tomar en cuenta sus peticiones y recoger algunos consejos para tomar en cuenta. Por ejemplo, proponen en primer lugar divulgar la documentación de la JIFE, como ya hacen otros organismos similares de la ONU. También la participación en el sistema de archivo y acceso a la documentación, ampliar las consultas de la sociedad civil a todas las áreas de trabajo de la Junta, solicitar y recopilar contribuciones escritas de agentes no-estatales, permitir que las ONG y los actores no estatales participen como observadores en las reuniones de la JIFE, además de ampliar las “visitas a países”, inspiradas en el mecanismo de revisión anual de los órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos.
“Estas directrices son de vital importancia para millones de pacientes de cannabis medicinal, médicos, curanderos tradicionales, agricultores, productores y fabricantes farmacéuticos en todo el mundo. Es fundamental que sea un proceso transparente e inclusivo”, concluye el escrito.
Reacciones
Las cartas, así como las protestas de la sociedad civil, han tenido eco en medios generalistas y del sector. Algunas de las organizaciones firmantes son conocidas por su trabajo en el campo del Cannabis Terapéutico, como la asociación Mamaka de Grecia, ENCOD internacional, el think tank FAAAT, ICEERS, distintas sucursales de NORML, e incluso CONFAC y CATNPUD.
Interpelado en rueda de prensa, un portavoz de la secretaría general de la ONU, declaró el pasado día 3 de diciembre, que, si bien la organización querría garantizar una representación de la sociedad civil ante la cuestión del Cannabis, no es cometido del secretario general, Antonio Guterres, el servir en la labor de intermediación entre la JIFE y los agentes sociales.
“Hay que aclarar que no se trata de un organismo europeo, sino de ámbito internacional”, explica Kenzy Riboulet, portavoz de FAAAT. “Es una agencia dependiente de las convenciones de políticas de drogas. Esto es sobre el papel, pero en la vida real está gestionado por el secretario general de la ONU. Aunque no sea una organización de la ONU como tal, si está en sus manos elegir al secretario de la JIFE, él es quién paga a la gente que trabaja allí, los que hacen el trabajo técnico y de fondo, pues son personal de la ONU. Hay que comprender que la JIFE está compuesta de 13 miembros independientes, pero detrás hay decenas de personas que no han de ser independientes, sino transparentes. De esta forma, se deben hacer funcionar los mecanismos de rendición de cuentas que se requiere para cualquier empleado de las Naciones Unidas. Se puede entender que Guterres no quiera entrar a mediar con los independientes, pero no se entiende que quiera mantener a los demás fuera de las reglas que el propio secretario ha impuesto a su personal”, concluye el experto.
Más información de las actividades de la FAAAT en su página web.