Benito Díaz
Perú reguló el cannabis terapéutico en 2021, accediendo incluso a regular el autocultivo personal y colectivo en asociaciones de pacientes. Aunque la industria ya está legalmente asentada, la reglamentación de las asociaciones continúa sin ratificarse por parte de las autoridades sanitarias, por lo que se siguen criminalizando estos cultivos artesanales que se ejercen sin contar con las licencias del estado.
El proceso se inició en 2017, tras el asalto policial a una asociación que cultivaba y procesaba Cannabis para pacientes pediátricos, la asociación de madres “Buscando Esperanza”. A la conclusión del proceso, Perú promulgó la Ley 30681 con la que se legalizó el cultivo asociativo de organizaciones de pacientes y el autocultivo personal de hasta seis plantas con objeto medicinal, así como sus derivados. Esta ley no avala los autocultivos no médicos y para las asociaciones de pacientes falta por llegar por parte de la administración de Sanidad el reglamento que permita abrir una asociación de acuerdo a la legalidad.
La realidad es que el nuevo gobierno de Pedro Castillo ha habilitado con estas medidas una autorización excluyente que beneficia a empresas farmacéuticas, que ya se han puesto en ejecución, postergando los intereses de colectivos de pacientes y productores artesanales.
Situación actual
Hasta el momento presente, cuatro años después de la autorización gubernamental, el acceso seguro al Cannabis Terapéutico es señalado como un fracaso. Según el artículo de Jorge Paucar Albino, aparecido en Sativa.Info, más del 60% de personas inscritas en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) no adquiere su medicina en establecimientos autorizados. Según un análisis de Cann Farm, único laboratorio con licencia del país, solo el 5% de los productos cannábicos que se adquieren provienen de empresas de la economía formal.
Otro factor que influye en la dificultad de acceso es la centralización de los servicios de abastecimiento en farmacia. Estos centros solo están situados en los corredores comerciales de grandes ciudades, como Lima. El resto de las regiones dependen de sus capitales para obtener el cannabis, dejando fuera a personas que vivan en lugares lejanos y/o que tengan reducidas sus capacidades de movimiento. Según los datos proporcionados por Digemid, la Dirección General de Medicamentos del estado de Perú, alrededor de 6.297 personas usuarias de Cannabis Terapéutico son de regiones fuera de las capitales, lo que representa el 35.2% del total de las listas del RENPUC.
El fracaso del gobierno de Castillo en el intento de control en el cultivo de Cannabis es destacable, ya que se trata de una actividad agrícola, un sector en el que el mercado informal y la economía sumergida alcanza niveles de hasta un 99%. En un informe publicado por la Asociación de Exportadores (ADEX) del 2020, restan causas como los elevados costes tributarios y laborales, la dificultad en los procesos de inscripción en las listas y la falta de supervisión pública. Sin embargo, estos procesos son considerados para una industria farmacéutica que ya ha accedido a las licencias. La empresa Cann Farm, ya mencionada, necesitó una inversión de 8 millones de dólares en materiales, equipación, terrenos, etc., por ejemplo.
Las consecuencias de estos impedimentos y la lentitud provocada por el gobierno en la toma de decisiones en firme, arrastra a las personas usuarias al mercado ilícito o al informal, tal como se encontraban antes de la regulación. Cabe mencionar que el llamado “mercado informal” se define como “toda empresa no constituida en sociedad y cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales”, según explica el propio documento, que expone este tipo de actividades como un gran problema para la nación. Además, esta situación no hace sino que los cuerpos de seguridad criminalicen a personas usuarias y sus cultivos, acusando a personas de delitos contra la salud pública y, en el peor de los casos, de narcotráfico.
Una cerrazón que deja en la estacada a miles de personas consumidoras de Cannabis Terapéutico, a sus familias, a las personas perseguidas y criminalizadas por llevar a cabo un autocultivo en sus propios hogares y asociaciones; a las personas que ya hicieron una inversión para entrar en el mercado lícito, a merced de productos sin las garantías necesarias y de un empresariado informal que no aporta con sus ganancias a las arcas del estado.
Causas
El retraso en la entrada en vigor de las leyes para el Cannabis de cultivo artesanal y colectivo, según denuncian algunas voces, podría encontrarse en los elevados costos de la vigilancia y cumplimiento de los estatutos, o en la actuación de un nuevo ministro de Salud. Las declaraciones oficiales señalan que el proceso de reglamentación aún no ha terminado, quedando todavía por determinar cuestiones sobre las sanciones penales por motivos administrativos y restricciones al respecto del uso de semillas.
Medios locales, sin embargo, apuntan a la inacción del ministro Hernán Condori Machado como parte de la línea de su partido, Perú Libre. Según esta información, Condori Machado no reconocería la evidencia científica al respecto de la efectividad del Cannabis Terapéutico, mientras que el líder del partido, Vladimir Cerrón, no solo se ha posicionado en contra del Cannabis, sino que ha llegado a proponer la pena de muerte para delitos relacionados con el narcotráfico.
Ante esta situación de desamparo, colectivos de autocultivadores han dirigido una carta al gobierno de la nación en la que exigen el cumplimiento de las regulaciones establecidas para que no se pierdan los avances obtenidos en un proceso que ha situado a Perú a la cabeza del respeto a los Derechos Humanos en las políticas de drogas latinoamericanas.
